Consulta indígena Convenio 169

Procedimiento previo, apropiado, flexible y de buena fe que debe coordinar y ejecutar el órgano de la Administración del Estado que adoptará una medida legislativa o administrativa susceptible de afectar directamente a pueblos indígenas, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento. No es una autorización que solicite u obtenga el titular de un proyecto, no confiere por sí sola una habilitación para construir y no tiene una autoridad única: es un deber estatal y un derecho colectivo. Se inicia de oficio cuando el órgano prevé la medida; cualquier persona interesada o institución representativa sólo puede solicitar fundadamente que el órgano evalúe la procedencia. La falta de acuerdo no equivale por sí sola a incumplimiento si el órgano realizó los esfuerzos y respetó el procedimiento. Para una RCA asociada a un proyecto que afecte directamente a grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas, el PCPI es una cuestión incidental dentro de la evaluación de un EIA y lo diseña y desarrolla el SEA; el titular es tercero interesado, aporta información y sólo participa en sesiones si el SEA lo requiere conforme a la metodología acordada.

Pronunciamiento del órgano sobre solicitud fundada de realizar consulta: No superior a 10 días hábiles; se suspende si se pide informe de procedencia a la Subsecretaría de Servicios Sociales y se reanuda al emitirse o vencer su plazo. El cómputo y las suspensiones deben confirmarse para el expediente concreto.

Simplo puede estructurar hitos, actuaciones, responsables, vencimientos y desviaciones para convertir el expediente en un avance entendible por el equipo del proyecto.

No. Explica el ciclo general con fuentes enlazadas. La aplicabilidad, los antecedentes técnicos y la estrategia deben revisarse para cada caso.